Ciudad de México. Aquí no vale el secreto bancario o fiduciario, pues se debe anteponer la protección del interés general y desenmascarar la comisión de ilícitos.
De lo contrario, quedará claro que los gobiernos Mexiquense y Federal hacen mucho para enriquecer a pocos y muy poco por millones de pobres
El diputado federal Omar Ortega Álvarez exigió que bajo el principio de máxima publicidad que establece la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se transparenten los contratos y los fideicomisos revelados a través de los Panama Papers, los cuales permitieron obtener recursos y amasar fortunas a diversos empresarios.
El también dirigente del PRD en el Estado de México sostuvo que el trato preferencial otorgado por funcionarios del gobierno federal y estatal a connotados empresarios mexiquenses revelaría la existencia de redes de intereses entre negocios y política que requirieron ser encubiertas bajo figuras legaloides e inmorales como los offshore revelados en los Panama Papers.
Se pronunció por revisar a fondo la incompatibilidad de intereses indebidos que impera entre la clase política y los empresarios que hacen negocios con el gobierno.
La necesidad de ocultamiento de las ganancias de estas empresas obedecería al carácter irregular con que se otorgaron dichos contratos, en algunos casos pactados a cambio de favores o comisiones. Obviamente, en el ocultamiento de ganancias no aparecen los beneficiarios reales, sino prestanombres y familiares, subrayó Omar Ortega Álvarez.
Explicó que aunque la autoridad se escude en no tener facultades para trasparentar el origen y la evolución de estas fortunas, argumentando la protección del secreto bancario o fiduciario, ésta debería ser capaz de anteponer la protección del interés general y desenmascarar la comisión de ilícitos que han sido encubiertos a través de sofisticadas figuras financieras.
“Si las fortunas empresariales se ocultan al escrutinio público, es probable que la razón de ello lo sea el hecho de que provengan de un origen cuestionable”.
Si no es posible desenmarañar las redes de complicidad en las que se esconden ganancias de dudosa procedencia, ya sea por la complicidad y la protección que reciban algunos personajes, los ciudadanos hoy contamos con suficientes elementos para hacer un contundente juicio moral a partir de la información dada a conocer en estos escándalos.
Enfatizó en que las redes de protección y de interés que existen en México lamentablemente actúan en contra de la inmensa mayoría empobrecida del país.
Estas revelaciones refuerzan la percepción ciudadana de que México es un país profundamente corrupto.
Para revertir esta situación, y en el marco de la discusión en materia de anticorrupción que se desarrolla en el Congreso, se deben de incluir controles más estrictos ajustados a la práctica internacional en materia de contrataciones públicas y de combate al lavado de dinero.
Nos parece preocupante que algunos de los empresarios dados a conocer en los Panama Papers tengan fuertes vínculos con el gobierno mexiquense y el actual titular del Ejecutivo Federal.
Basta mencionar a Carlos Hank Rhon, Armando Cantú Hinojosa y la familia Alcántara Rojas, quienes han sido expuestos en estas revelaciones, lo que parece confirmar la sospecha del íntimo vínculo que se ha tejido entre la clase política mexiquense y los negocios cuyas ganancias se deben ocultar en paraísos fiscales.
Sobre el Estado de México se posa una nube de dudas sobre corrupción y enriquecimiento al amparo del poder público, por lo que las investigaciones que se realicen deberán despejar toda duda de la existencia de posibles conflictos de intereses.
De lo contrario, el gobierno de Eruviel Ávila y de su antecesor quedarán marcados en la historia como gobiernos que hicieron mucho para enriquecer a unos pocos y muy poco por sacar de la pobreza a más de cinco millones de mexiquenses, concluyó el diputado Omar Ortega Álvarez.
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