El internet se ha hecho tan parte de nuestras vidas, que resulta complicado imaginar muchas de nuestras actividades diarias sin su intervención, de hecho el acceso a esta herramienta digital tiene tal relevancia que la ONU lo declaró como un derecho humano.
De igual forma en México, el acceso a internet forma parte de los derechos constitucionales desde 2013, año en que se presentó la reforma en telecomunicaciones, la cual además de romper con el monopolio que había en el país y abrir la puerta a una mayor cantidad de empresas, también permite regular los precios del servicio y que las personas pudieran acceder a un internet bueno y más barato.
Pero a pesar de estas modificaciones y de acuerdo al INEGI, todavía hay alrededor de 1 millón de personas que por causas como; no tener cobertura en sus zonas, por desconocimiento de su uso o por falta de recursos para adquirir dispositivos y contratar servicios, no pueden tener acceso a internet dentro del territorio nacional, generando una brecha digital que los mantiene alejados de los beneficios que brinda la tecnología.
Es por esto que en 2019 surgió la idea de crear una empresa filial a la ya existente comisión eléctrica, fue nombrada como CFE Internet y Telecomunicaciones para todos y su objetivo es garantizar el acceso a internet de todos los mexicanos a través de la creación de una red pública empleando el tendido de cableado de fibra óptica existente de la comisión como punto de partida, de esta manera se podría incentivar el uso de herramientas tecnologías y alcanzar con ello un impulso significativo al desarrollo social y económico del país.
A pesar de que la idea resulta muy atractiva para todos y se esperaba un rápido desarrollo de la misma, el proyecto se ha tenido que enfrentar a una serie de obstáculos, comenzando con la pandemia de Covid-19, la cual retrasó significativamente su puesta en marcha, pues a partir de 2019 pasaron dos años en los que el proyecto estuvo prácticamente paralizado.
Inicialmente se pronosticó que para finales de este año 2022 la red se encontrará operacional, pero la realidad es que a día de hoy está funcionando únicamente en estados como Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, en donde se han instalado puntos de acceso gratuitos en algunas colonias, en las cuales y de acuerdo a la opinión de los usuarios, la velocidad de navegación es percibida como de buena calidad.
Sin embargo falta aún mucho trabajo por hacer y amenazas que enfrentar para poder cumplir con los objetivos del proyecto, en primer lugar será indispensable mantener la misma calidad de internet un verdadero reto si consideramos que al ser una red abierta podrán conectarse a ella una gran cantidad de dispositivos, algo que si no se encuentra la forma de regular puede provocar una saturación de la misma.
En segundo lugar nos encontramos el problema de la seguridad, pues una vez más al tratarse de una red abierta, el riesgo de hackeo que tienen la información y los dispositivos conectados a la misma es más elevada,en comparación con las redes privadas, un factor que se debe tener en cuenta para encontrar una forma de garantizar la privacidad de los usuarios.
En tercer lugar no podemos dejar a un lado el increíblemente rápido desarrollo que tienen las tecnologías informáticas en nuestros días, lo cual provoca una obsolescencia más acelerada de las mismas, el ejemplo más claro a esto lo encontramos en la evolución de los planes de telefonía celular en el país, los cuales poco a poco comienzan a pasar de cobrar elevadas cantidades por el servicio a ofrecer planes de datos ilimitados a precios accesibles, algo que sumado al despliegue de la tecnología 5G les permitirá competir directamente con la velocidad que ofrecen las redes de fibra óptica, con el beneficio de prometer una mayor cobertura con menos inversión en infraestructura y tiempo de despliegue, características que a la larga pueden llegar a provocar una obsolescencia de las redes alambricas.
Y por último el mantenimiento constante de la red es indispensable para su buen funcionamiento, esto implica que es necesario establecer una regulación clara que permita su cuidado y desarrollo sin importar el cambio de administraciones, para así evitar las situaciones que se han presentado en otros países con proyectos similares, por ejemplo en Brasil en 2011 se inició una red pública y para 2015 se había conseguido un 90% de avance, pero debido a la mala gestión el proyecto se abandonó y ahora se intenta vender a empresas privadas para recuperar un porcentaje de lo invertido.
Otro ejemplo sucedió en Perú en 2014, donde un mal modelo de negocio provocó que el tráfico de la red pública no fuese el esperado y por consiguiente sus tarifas fueran demasiado elevadas, posteriormente se intentaron hacer modificaciones sin embargo las empresas privadas ya habían construido su propia infraestructura y no necesitaban utilizar la red existente.
Como se puede ver, se trata de una iniciativa que si se desarrolla y gestiona de forma adecuada podría representar un incentivo importante para el crecimiento del país, pero por ahora su despliegue ha sido un poco lento y aún es temprano para emitir una opinión sobre su desempeño, solo nos queda esperar que cumpla con los objetivos y expectativas que se tienen.
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