- No contempla nuevas contribuciones, ni aumentos en las vigentes y se alinea con su catálogo de ingresos
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 295 votos a favor y 179 en contra, el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, el cual contempla captar cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos (mdp).
De esa cifra, tres billones 287 mil 605.4 mdp corresponden a impuestos; 343 mil 133.4 mdp a cuotas y aportaciones de seguridad social; 38.3 mdp a contribuciones de mejoras; 46 mil 273.6 mdp a derechos; 6 mil 778.1 mdp a productos; 67 mil 228.8 mdp a aprovechamientos.
Un billón 2 mil 697.5 mdp a ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 520 mil 665.2 mdp a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones; y, pensiones y jubilaciones; y, 539 mil 871.4 a ingresos derivados de financiamientos. Además, se estima una recaudación federal participable por tres billones 264 mil 822.4 mdp.
Se pronostica un crecimiento puntual del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.0 por ciento; un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, y una plataforma de producción de crudo de un millón 847 mil barriles diarios con un precio de 55 dólares por barril.
El dictamen que consideró el marco macroeconómico planteado en los Criterios Generales de Política Económica, así como el análisis de las estimaciones de ingresos previstos en el Paquete Económico 2019, presentado por el Ejecutivo el pasado 15 de diciembre, no contempla nuevas contribuciones, ni aumentos en las vigentes, y se alinea con su catálogo de ingresos.
Dicho documento, autoriza un endeudamiento neto interno hasta por 490 mil millones de pesos y uno externo de hasta 5 mil 400 millones de dólares; se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar, exclusivamente, sus obligaciones financieras.
A Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias se le permite un monto de endeudamiento neto interno de hasta 4 mil 350 millones de pesos, y uno externo de hasta 5 mil 422.5 millones de dólares.
En tanto, a la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas se le autoriza un monto de endeudamiento neto externo de 497.5 millones de dólares.
A la Ciudad de México se le permite la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 5 mil 500 millones de pesos para financiar obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad para el Ejercicio Fiscal 2019.
Se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la Republica, el Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2019 y un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del Impuesto sobre la Renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2019.
Además, se faculta a la Secretaría de Hacienda para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.
La SHCP deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.
En materia de estímulos fiscales: se otorga uno a personas que realicen actividades empresariales, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel o el biodiesel y sus mezclas que importen o adquieran para su consumo final.
La misma condición comprende a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota; y a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles.
De igual modo, contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, así como a personas físicas o morales del Impuesto Sobre la Renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz.
Por otra parte, se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.
En la fundamentación del dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena), expresó que el proyecto de Ley de Ingresos 2019 es transparente, oportuno, responsable y prudente.
Ante un panorama de incertidumbre global, se tiene la obligación de actuar con responsabilidad republicana, mesura en las valoraciones económicas y planteamientos recaudatorios sensatos. “Y es que se avizora un 2019 muy complejo, con pronósticos de desaceleración económica en países y regiones, en la zona Euro, Japón, Turquía y Argentina”.
La iniciativa de Ley de Ingresos 2019, dijo, representa un documento responsable y honesto en términos financieros, con números más fidedignos en materia de recaudación que se hayan presentado en mucho tiempo, ni subestimados ni sobreestimados. “Estos datos permiten ofrecer a los mexicanos información transparente y realista sobre la manera en que se administrarán los recursos de todas y de todos”.
Se contempla, agregó, un superávit primario del 1 por ciento respecto al Producto Interno Bruto, ello sin considerar el gasto no programable; prevé la supresión de la compensación universal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “medida que permitirá controlar el abuso en materia de devoluciones y compensaciones relacionadas con la tasa cero”.
Medina Pérez expuso que recoge una demanda de empresarios y la ciudadanía en general del norte del país, que clamaban por la reducción del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). El primero pasará del 16 al 8 por ciento y el segundo, del 30 al 20 por ciento.
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