Las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón sumarán acciones para hacer frente al cartel inmobiliario que opera en dichas locaciones y que han favorecido la edificación irregular en diversas obras de construcción.
En conferencia de prensa, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, informó que por ello se formó un frente común en colaboración con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, para hacer frente “a esta camarilla del cartel inmobiliario”.
Agregó que con ese propósito, a partir de este martes se llevarán a cabo mesas de trabajo técnico-jurídicas, con funcionarios de ambas alcaldías, para estudiar casos, comparar experiencias y documentar el modo de operación de este grupo en la Ciudad de México.
Posteriormente, ambos alcaldes llevarán ante el cabildo de la Ciudad de México sus hallazgos para alertar a otras alcaldías sobre esta manera de pretender edificar, además plantearán reformas a la Ley de Desarrollo Urbano y los resultados se presentarán en su momento al Congreso de la Unión.
«Solicitaremos a la jefa de gobierno -de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum-, la revisión inmediata del reglamento de construcciones y las normas técnicas complementarias a fin de eliminar contradicciones en el Tribunal de Justicia Administrativa», comentó.
De igual forma, anunció que se solicitará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) la revisión exhaustiva de los certificados de uso de suelo que hayan sido emitidos en contravención a los programas delegacionales de programas parciales de desarrollo urbano.
“Solicitaremos la visibilidad de los casos expuestos y la alcaldesa Layda y su servidor no vamos a escatimar esfuerzos para frenar el abuso y la ilegalidad de esta camarilla de despachos en nuestras alcaldías”, aseveró.
El edil denunció que estos grupos promueven juicios de amparo en contra de programas y normas de ordenación, para edificar más de lo autorizado, construyendo obras de hasta ocho pisos más de lo señalado, además de que se oponen a ser verificados.
Resaltó que cuando las detienen, presentan juicios para la suspensión oficial de esta acción y si no las obtienen, solicitan el levantamiento temporal con pretexto de que corren el riesgo al interior de la obra, pero si les niegan la autorización, arrancan los sellos de noche y los tapan con grandes letreros de “no estacionarse”.
De esta manera, agregó, continúan laborando con el quebrantamiento de sellos, además de que cuentan con motociclistas que monitorean desde el exterior de las obras, también presentan denuncias penales contra vecinos que protestan por sus obras, entre otras irregularidades y abusos.
Por lo pronto, como resultado de las acciones para poner un alto a estas irregularidades, reveló que en Miguel Hidalgo se han aplicado 20 suspensiones y algunas clausuras con diferentes empresas.
Mientras que en Álvaro Obregón han sido 64 clausuras, así como 78 suspensiones, refirió la alcaldesa Layda Sensores.
Add Comment