Ciudad de México. El diputado Víctor Hugo Romo Guerra aseguró que con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley de Seguridad Privada, anunciado hace unos días por el gobierno capitalino, se frenará la impunidad con la que venían operando las empresas de seguridad pública y su personal operativo.
Al dar la bienvenida a este ordenamiento, Romo Guerra dijo que todos los vehículos de las empresas tendrán que apegarse a la norma por lo que serán plenamente identificables y, en consecuencia, vulnerables a las sanciones previstas por el ordenamiento.
Recordó que los vehículos de las más de 600 empresas dedicadas a la seguridad pública serán registrados, balizados y emplacados para dejar el anonimato que propiciaba la prepotencia, la impunidad y colocaba en la indefensión al ciudadano.
Se trata también de que los empleados de estas empresas acaten las reglas de convivencia urbana y de civilidad de la Ciudad de México, como cualquier ciudadano, y frenar los abusos que cometen en zonas como Polanco, precisó Romo.
Con la nueva regulación para escoltas en la ciudad de México, comentó Romo, las empresas que prestan el servicio de seguridad privada, pueden pagar sanciones de hasta 358 mil pesos.
Por ejemplo, puntualizó, pagarán ese monto si contratan extranjeros, alcohólicos, adictos, militares o policías en activo o personas que hayan estado en la cárcel por más de un año por delitos dolosos.
También si contratan a personas que no hayan acreditado los exámenes médicos, físicos, psicológicos, toxicológicos y del polígrafo
El legislador recordó que esta acción del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, responde a una demanda ciudadana respaldada por la fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa, para poner en orden el desempeño de las empresas que se dedican a prestar los servicios de seguridad privada.
Y reconoció: “el nuevo reglamento es un paso firme para meter al orden y regularizar la actividad de los escoltas privados, al tiempo de fomentar una convivencia respetuosa entre escoltas y ciudadanos”.
El diputado perredista recordó que presentó un punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa, para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que emprendiera verificaciones extraordinarias y aleatorias a las personas físicas y morales que presten el servicio de seguridad privada en la capital del país y remitir un informe de los resultados a la ALDF.
Indicó que hay 624 empresas de seguridad privada, las cuales cuentan con 15 mil 475 empleados en total, por lo que regularlas contribuirá también a mejorar la movilidad urbana.
Finalmente, Romo a los ciudadanos a fomentar la cultura de la denuncia para frenar los desplantes de prepotencia y superioridad con la que despliegan su trabajo algunos de los llamados escoltas, para desterrar sus actitudes intolerantes que tanto molestan a los ciudadanos.
Add Comment