Toluca, Méx. El grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa de ley para eliminar el Impuesto de la Tenencia Vehicular del catálogo del Estado de México, por considerarlo innecesario, ya que a pesar de que en 2012 se eliminó esa contribución como gravamen federal en la entidad se sigue aplicando.
El diputado de Morena, Nazario Gutiérrez, quien impulsa la iniciativa que busca reformar el Código Financiero mexiquense, señaló que el impuesto es una trampa que buscan disfrazar como un gravamen susceptible de ser subsidiado.
“Por ello, y ante las voces reiteradas de la ciudadanía mexiquense que expresa su descontento y malestar, creemos necesario eliminarlo del catálogo de impuestos de nuestro estado”, manifestó.
De acuerdo con el documento, se argumenta que el tributo representa una carga excesiva para la economía de los mexiquenses por haber desaparecido la justificación para la cual había sido creado hace más de cuatro décadas.
“En la entidad mexiquense hay aproximadamente 17 millones de personas de las cuales 47.9 por ciento de la población vive en una condición de pobreza, según el último estudio del CONEVAL”, señaló.
La propuesta presentada por Nazario Gutiérrez indica que «en el Estado de México hay aproximadamente 7.9 millones de vehículos automotores que se encuentran considerados para el pago de la tenencia”.
Expone que entidades como Baja California Sur, Campeche, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Chiapas ya han eliminado la tenencia vehicular, considerándola poco necesaria y efectiva.
“Estamos convencidos que este impuesto es innecesario y carece de justificación, más aún ante las dificultades económicas que diariamente aquejan a los ciudadanos. Al eliminar el pago de la tenencia vehicular, beneficiaremos a las familias que más esfuerzo les cuesta adquirir un vehículo”, manifestó el diputado local de Morena.
Antes, durante el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Azucena Cisneros, pidió guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Además, se impulsó la eliminación del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), que permitía en anteriores legislaturas que cada diputado recibiera 2.5 millones de pesos anuales.
“En ninguna de las 32 entidades del país se prevé un programa similar, el cual operaba bajo criterios políticos y discrecionales”, refirió Cisneros.
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