Ciudad de México. La Asamblea Legislativa aprobó exhortar a la próxima Asamblea Constituyente de la Ciudad México a incluir en la nueva Constitución un capítulo que consagre el pleno reconocimiento de todos los derechos de los pueblos indígenas y barrios originarios de la capital del país.
En la Ciudad de México existen más de 150 Pueblos y Barrios originarios, quienes constituyen el fundamento humano y cultural sobre el que se ha construido esta gran Ciudad, afirmó la diputada Ana María Rodríguez Ruíz.
En tribuna, la diputada del grupo parlamentario de MORENA indio que nuestros Pueblos Indígenas y Barrios Originarios han sobrevivido a siglos de injusticias y discriminación sistemática, y en los últimos 60 años a una agresiva política de caótico crecimiento urbano, basado en el desalojo de sus tierras para beneficio de inmobiliarias privadas y políticos corruptos.
Los órganos de gobierno de la Ciudad de México, tenemos una deuda histórica al no existir una Ley específica en la Ciudad que reconozca a los Pueblos y Barrios Originarios como sujetos colectivos de derechos y actores plurales con patrimonio histórico y cultural vivo de n la Ciudad de México existen más de 150 Pueblos y Barrios originarios,
Frente a esto, dijo, resulta más grave que la Reforma Política del Distrito Federal haya reiterado esta exclusión histórica, al no haber mencionado a las poblaciones originarias en ninguna línea del texto del decreto, mucho menos consultado previamente para la formulación del mismo.
El único anteproyecto de Ley nunca fue aprobado y refleja en gran parte el sentir y las principales propuestas por las que luchan los Pueblos y Barrios Originarios. Por ello, exhortó a los próximos constituyentes a tomar como referente fundamental para ser tomado en cuenta dentro de la nueva Constitución de la Ciudad.
Es necesario, sostuvo, que la Constitución de la Ciudad de México se plasmen los derechos como Pueblos y Barrios Originarios establecidos tanto en los Tratados Internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, e incluso, los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos.
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