Los legisladores Cecilia Vadillo Obregón y Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México contra el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, por la presunta comisión de faltas administrativas graves relacionadas con la privatización del Parque Lira, un área verde de carácter público.
La denuncia configura conductas constitutivas de los probables delitos de peculado, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades y conflicto de interés, derivadas de una autorización para utilizar el parque público, sin permisos de ley, para exhibir el espectáculo infantil denominado “Alicia en el País de las Maravillas”.
“El alcalde pretende darle un uso lucrativo, arbitrariamente, a un bien público considerado patrimonio cultural urbano.”
Incluso, resalta la denuncia, el alcalde anunció públicamente la firma de un convenio privado, porque no lo ha hecho público, mediante el cual la empresa promotora del espectáculo aportará 4.1 millones de pesos en supuestas “mejoras” al parque, mientras que el evento proyecta ingresos cercanos a los 120 millones de pesos por la venta de boletos.
A pesar de que vecinos de las colonias aledañas al parque le han solicitado al alcalde transparentar el convenio con la empresa, mostrar los dictámenes técnicos de impacto ambiental, los permisos y toda la documentación que acredite la legalidad del uso del parque, las autoridades de Miguel Hidalgo no lo han hecho.
Por lo anterior, los vecinos solicitaron el respaldo del Congreso de la Ciudad de México, ya que consideran evidente que la operación del alcalde Tabe tiene claros fines de lucro personal, al violar la reglamentación que regula los espectáculos en la Ciudad de México.
Los legisladores subrayaron que el acceso restringido, el cobro por ingreso y la instalación masiva de infraestructura, sin los permisos correspondientes, constituyen una privatización de facto de un espacio público con carácter patrimonial.
La denuncia aclara que hasta ahora no se han remitido al Congreso capitalino los permisos y autorizaciones que le fueron requeridos al alcalde Tabe mediante un Punto de Acuerdo aprobado por el pleno del Congreso el 12 de febrero pasado.
Además, sostiene que los hechos podrían encuadrar en el delito de peculado, por el aprovechamiento de un bien público en beneficio de terceros sin sustento jurídico.
Asimismo, como los vecinos señalan, hay una grave afectación al hábitat de distintas especies animales como gatos, ardillas y aves que cohabitan en el parque.
La denuncia prevé el delito de abuso de funciones por generar un beneficio lucrativo desproporcionado a la empresa organizadora del evento.
También se le pide investigar a la Contraloría un conflicto de interés, ante la total falta de transparencia en el procedimiento de selección y contratación.
Al respecto, el diputado Víctor Romo puntualizó: “Parque Lira no es un salón de eventos. Es patrimonio histórico, es memoria de Tacubaya, es el espacio cotidiano de miles de personas y familias”.
Y advirtió: “Si se autorizó su uso comercial sin transparencia ni fundamento jurídico claro, estamos ante una grave irregularidad”.
Por su parte, la diputada Cecilia Vadillo planteó: “No estamos en contra de la cultura ni de los espectáculos. Estamos en contra de la privatización encubierta del espacio público y del uso discrecional de bienes que pertenecen a todas y todos”.
La legisladora y el diputado solicitaron a la Contraloría iniciar una investigación formal por la comisión de probables faltas administrativas graves, verificar la legalidad del convenio firmado, verificar la existencia y revisar los dictámenes técnicos, ambientales y patrimoniales correspondientes; determinar si existió beneficio indebido a particulares e implementar, en su caso, medidas preventivas para proteger el parque.
Finalmente, reiteraron que el espacio público es un derecho colectivo y su uso debe garantizarse con transparencia, legalidad y pleno respeto al interés general.
Add Comment