Ciudad de México. Los capitalinos gastan más de cuatro millones de pesos anuales en agua embotellada, debido a la falta de información sobre la calidad del recurso hídrico que proviene de la llave.
“El consumo de agua embotellada representa un problema para los bolsillos porque cuesta hasta dos mil veces más que el líquido de la red pública”, expuso la investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, Delia Montero Contreras.
Pero, indicó, la situación es todavía más compleja porque los capitalinos lo asumen como un bien indispensable y sin percibir el gasto extra. “Pueden dejar de comprar jitomate por su elevado costo, pero es difícil dejar de hacerlo con el agua embotellada”, comentó.
La también profesora aseguró que el éxito comercial de las empresas embotelladoras se debe a la falta de información a los consumidores sobre la calidad del líquido que proviene de la tubería.
La ausencia de esos datos es el mejor incentivo para una compañía transnacional, ya que un producto comercializado brinda certeza al indicar la cantidad de sales y calorías que contiene, argumentó.
En entrevista, Montero Contreras explicó que este hecho tiene su punto de partida después del terremoto de 1985, cuando millones de residentes permanecieron sin agua durante varias semanas.
Por este evento desastroso, abundó, el agua potable estuvo contaminada porque las tuberías resultaron afectadas y la población comenzó a hervir y clorar el líquido para evitar daños en la salud.
“Después del sismo fueron reparadas las cañerías y la red de agua pública, empero, el organismo operador (Sistema de Aguas de la Ciudad de México) nunca informó sobre estas mejoras e inició el mito de la mala calidad del agua”, manifestó.
La investigadora subrayó que desde entonces cambió la percepción sobre el consumo del agua de la llave, una conducta que también tomó mayor fortaleza en el resto del país pese a que el terremoto afectó a la capital mexicana.
El presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, Javier Bogantes Díaz, opinó que la seguridad hídrica se está perdiendo cada vez más en los países de América Latina, pues la población depende en gran medida del agua embotellada.
“En algunas ciudades de México, por ejemplo, los ciudadanos no confían en el líquido proveniente de la tubería porque piensan que está en riesgo su salud”, coincidió durante la pasada Novena Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua.
Acotó que el agua debe verse como un derecho humano o bien social, y no como un producto o servicio mercantil. “Esto impide proteger algo que es fundamental: el acceso al agua para toda la población”, apuntó.
Pero el problema va más allá, aseveró la investigadora de la UAM, quien reiteró que 90 por ciento de la población consume agua embotellada pese a que hay zonas con líquido de buena calidad.
El consumo desmedido ha conformado dos mercados en la capital mexicana. En las zonas de más altos ingresos son más visibles las marcas de empresas transnacionales y en las regiones de escasos recursos están presentes las “purificadoras”.
Hay por lo menos cuatro transnacionales que abarcan 60 por ciento del mercado de la ciudad y el resto corresponde a establecimientos donde el agua es más económica, recalcó Montero Contreras.
Detalló que en el oriente de la capital son más recurrentes las “purificadoras”, lo cual indica que abastecen un mercado muy local y de bajos ingresos porque un garrafón de 20 litros cuesta cerca de 15 pesos.
“Son negocios que se originaron gracias al agua embotellada, pero no sabemos qué tan regulados están y son muestreos que deben realizarse constantemente”, argumentó.
Refirió que el caso de Iztapalapa es preocupante porque las personas consumen hasta 590 litros al año, cuando el promedio es de 380 litros, por la falta y mala calidad del líquido que padecen diario.
Esta investigación dio origen a la publicación del libro “Empresas transnacionales, gobierno corporativo y agua embotellada. El negocio del siglo XXI”, abundó la especialista, quien reiteró que la expansión de las empresas llegó en los años 90, con el libre comercio y la compra y venta de compañías pequeñas.
La entrevistada instó al organismo operador de suministrar el vital líquido a cumplir la norma que establece la Secretaría de Salud para potabilizar el agua, “y si la pasamos por un medio de purificación (ozono, piedras u otros) ésta podría quedar bastante limpia sin necesidad de realizar ese gasto”.
Consideró que las autoridades deberían incluir en cada recibo la calidad del agua que se recibe, “sólo así la ciudadanía podría decidir cuál agua tomar, pero desde una decisión informada”, finalizó.
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