- Le pide que investigue las irregularidades que presentan 25 contratos
- No tiene con qué justificar los casi 100 mdp del FAFEF, argumenta
- Exige al órgano fiscalizador local que atienda las recomendaciones de la ASF
Ciudad de México. El diputado local Víctor Hugo Romo Guerra, interpuso dos denuncias formales ante la Contraloría General capitalina contra Xóchitl Gálvez y quien resulte responsable de su administración en Miguel Hidalgo.
Una de ellas es por el probable quebranto al erario por más de 98 millones de pesos que no ha podido justificar la delegada, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que gastó durante el Ejercicio Fiscal 2016, y la otra por haber omitido la entrega de documentación oficial a la Auditoría Superior de la Federación cuando le fue requerida para la auditoría.
Como se recordará, el lunes pasado el legislador perredista presentó una denuncia contra su sucesora ante la PGR, ahora el diputado por el Distrito VIII en Miguel Hidalgo, demanda a la Contraloría local investigue la comisión de los delitos de corrupción, peculado, uso indebido de recursos, desvío y mala ejecución de recursos públicos federales.
En la denuncia demanda la investigación de daño, perjuicio o ambos al erario por un monto exacto de $98’139,959.10.00, más los intereses generados desde su disposición y hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, correspondiente al gasto que no ha podido comprobar en los últimos seis meses la administración de Gálvez.
Romo acredita como pruebas que el órgano fiscalizador publicó que la delegación Miguel Hidalgo presentó documentación insuficiente para atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entidad que calificó como no satisfactoria la comprobación que presentó la jefa delegacional, por lo que el órgano fiscalizador reveló que “persiste” el desvío.
La auditoría revela en uno de sus apartados: “La Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, no proporcionó evidencia de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto incurrido en el ejercicio de obras públicas por 98 millones 140 mil pesos, por lo que no fue posible verificar que estos recursos fueran destinados, autorizados y aplicados en los fines y objetivos del FAFEF 2016”, concluye la auditoría de la ASF.
En los hechos, Romo relata que después de que diversos medios de comunicación publicaron el resultado de la auditoría, la delegada se vio obligada a subir información a la página de Internet de la delegación, sin embargo, está plagada de inconsistencias.
Subraya que en su Web, la delegación enlista pero no exhibe dos contratos: el DMH-LPLO-037-16 con un monto adjudicado de $ 26, 937,720.31 y el DMH-IRLLO-010-16 por un monto de $ 1, 814,899.02, no se encontraron ni se documentaron y representan casi un tercio de lo observado por la Auditoria Superior de la Federación.
Es necesario, añade, que la Contraloría General, investigue a fondo a dónde fueron a parar esos recursos públicos que deben ser manejados con transparencia y absoluta honradez, señala Romo.
Agrega que en 23 de los 25 documentos publicados por la Delegación Miguel Hidalgo, no se documentan ni refieren los trabajos contratados, y principalmente no hay correspondencia entre los reportes fotográficos y los supuestos trabajos que contrató la demarcación.
En su exposición de hechos detalla además una serie de inconsistencias, imprecisiones y omisiones administrativas en toda la información que hacen suponer al menos: contrataciones con sobreprecios, obras no ejecutadas y pagadas, falta de información y mala calidad de los trabajos contratados.
La evidente falta de comprobación del gasto, y la consiguiente ausencia de transparencia, resulta un indicio flagrante de conducta ilícita en perjuicio de la Hacienda Federal, por lo que deben ser investigados a fondo los contratos presentados, asegura Romo.
La denuncia está dirigida al contralor general de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, y fue presentada en las instalaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México, en Tlaxcoaque, Centro Histórico.
Romo Guerra mencionó que “es incomprensible cómo a estas alturas no ha podido solventar la delegada la comprobación del destino de más de 98 millones pesos, a pesar de que el 31 de marzo pasado expiró el plazo para documentar el recurso”.
Asimismo, lamentó que “los compromisos de transparencia y rendición de cuentas que ofreció la delegada en campaña, se hayan quedado en promesas incumplidas, porque hoy está demostrado que es una cochinada el manejo de sus finanzas”.
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