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Propone Enrique Vargas jueces especializados en adopciones de niñas, niños y adolescentes en todo el país

  • El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN indicó que la iniciativa busca acabar con la sobrecarga que tienen los Juzgados de lo Familiar en los 32 estados del país

 

  • Enrique Vargas explicó que, con esta iniciativa de reforma, también se busca que los procesos de adopción sean más expeditos, favoreciendo que los menores en desamparo puedan encontrar una familia

  • En el país, existen más de 30 mil niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social, públicos y privados

 

Con el objetivo de continuar salvaguardando los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial, el derecho a vivir en familia, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que todas las entidades federativas del país cuenten con Juzgados Especializados en Adopciones, con el fin de garantizar procesos expeditos y, de esta manera, favorecer la atención de menores de edad en desamparo.

El senador Enrique Vargas explicó que el propósito de la iniciativa consiste en evitar la sobrecarga que los Juzgados de lo Familiar para atender estos asuntos, lo que ha ocasionado periodos de resolución muy largos que dejan en incertidumbre la vida de menores en desamparo, además de que esto favorecerá una preparación más especializada de los jueces para dar seguimiento a este tipo de casos, sin afectar los derechos de estos.

“Lo que propongo es que cada entidad federativa cuente con juzgados especializados en materia de adopción, para salvaguardar el derecho a vivir en familia a los menores en desamparo, lo cual deberán hacer con base en su densidad poblacional y la recurrencia que existe de este tipo de casos”, detalló.

Vargas del Villar mencionó que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en México, existen más de 30 mil niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social, públicos y privados, esperando encontrar una familia; sin embargo, entre el periodo de 2014 a 2024, de 754 solicitudes de adopción que recibió este organismo asistencial, solo 19.5 por ciento fueron concluidos, por lo que existe un rezago significativo en este ámbito que vulnera a los menores.

“Uno de los mayores problemas que se presentan es la burocracia y procesos legales extenuantes que pueden tardar años en poder concretarse, debido a la saturación de los sistemas judiciales en nuestro país, además de que, en muchas ocasiones, no se cuenta con personal capacitado que ejerza sus atribuciones, velando por el interés superior de las infancias y adolescencias”, acotó.

Por lo anterior, el senador panista propuso que, de aprobarse dicha iniciativa, los jueces especializados dispondrán de 90 días hábiles improrrogables para emitir una sentencia sobre la patria potestad de menores de edad en juicios de este tipo; periodo que será contado a partir del día siguiente de la presentación de la demanda, con lo que se atiende una petición histórica con los tutores interesados en adoptar y a los menores se les garantiza un proceso para restituirles los derechos a vivir en familia y a recibir una formación y protección de quien ejerza su tutela, guarda o custodia.

Agregó que, de esta manera, también se les permite que se desarrollen de forma integral y con una vida digna, al contar con condiciones afectivas y materiales que les permitan vivir plenamente, tal y como se ha previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este sentido, Enrique Vargas también propuso reformas a la Ley de Asistencia Social y a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que se otorguen medidas especiales de protección a estos sectores que se encuentren en desamparo familiar, para que el Estado sea un verdadero promotor de la adopción como un mecanismo de restitución de quienes han sido privados del cuidado parental.

“La deuda histórica que el Estado mexicano mantiene con las niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o sin cuidados parentales, no puede seguir postergándose. Es hora de fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales para garantizar que cada menor tenga la oportunidad de crecer en una familia que le brinde amor, cuidado y protección”, concluyó.

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