A pesar de los dictámenes que estipulan la prohibición de cambiar el uso de suelo por tratarse de un espacio de conservación, el gobierno de la Ciudad de México continúa las obras correspondientes al Tren Interurbano México-Toluca con la respectiva tala ilegal de árboles y flora propia de ese suelo.
Desde 2007 la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento (PAOT) de la Ciudad de México (CDMX) hizo entrega a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un estudio de protección ambiental en el que expresa con claridad que “debe prohibirse el desmonte planeado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en suelo de conservación para construir el viaducto del tren”.
Además, prohibió la construcción de infraestructura y caminos en suelo forestal de conservación especial en los bajos de la Sierra de Las Cruces. Cabe señalar que esta sierra forma parte del Eje Volcánico Transversal, y representa el parteaguas de tres cuencas hidrológicas: río Lerma, Valle de México y río Balsas. Forma parte de la delegación Cuajimalpa.
El estudio de la PAOT se enfocó en ocho polígonos en los que se construye el Tren Interurbano México-Toluca, y demuestra que ahí está prohibida la tala de árboles, así como la remoción de cubierta vegetal por tratarse de suelo de conservación.
La obra del Tramo III continúa de manera ilegal por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, ya que se encuentra trabajando sobre suelo de conservación, es decir, fuera del derecho de vía de la autopista México-Toluca. Para proceder era necesaria una autorización de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) local.
Miguel Ángel Cancino, titular de la PAOT confirmó que el espacio que comprenden los ocho polígonos donde continúa la construcción del tren eran de conservación, puesto que presentaban vegetación forestal, que ocupa un espacio de 5.36 hectáreas.
La legislación vigente establece que es la Sedema quien debe expedir este tipo de autorizaciones. De no hacerlo, además de infringir la ley, se afectaría el medio ambiente y se crearían riesgos por el cambio de uso de suelo.
En medio del asunto se encuentra la SCT, dependencia que presentó la justificación del proyecto argumentando que en ese espacio no existía vida vegetal forestal, lo cual era falso. La PAOT constató que toda la zona implicada es boscosa. El informe sentencia:
“La pérdida de cada hectárea del suelo de conservación representa que los mantos acuíferos de la Cuenca del Valle de México dejen de favorecer la recarga de alrededor de 2.5 millones de litros de agua cada año”.
Habitantes del pueblo originario El Contadero denunciaron a La Jornada que la ampliación de la autopista y la carretera federal México-Toluca, a la altura de El Ocotal en San Lorenzo Acopilco, así como la construcción de una subestación eléctrica y sus accesos en Loma de Pachuquilla y el cambio de trayectoria del viaducto férreo dentro del territorio indígena, “deben ser consideradas ilegales, ya que violentan el programa de ordenamiento ecológico de la ciudad y la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal”.
En julio pasado, habitantes emprendieron una serie de protestas para que el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) detuviera las obras del Tren Interurbano.
“Que deje de insistir en una obra que ha tenido un alto costo social, ambiental y económico; no es posible que se aferre a la devastación y pretenda terminar la obra en pocos meses cuando los perjuicios están a la vista”, manifestó uno de los comuneros.
Aquella ocasión, antes de emprender su marcha hacia Los Pinos, los ejidatarios recorrieron el tramo La Venta-Santa Fe, donde constataron la tala de un número importante de árboles. Además, observaron que en esa zona ya se alista la construcción de un desarrollo inmobiliario.
Por eso, señalaron, los daños ambientales no sólo son por la obra del transporte ferroviario sino también por la construcción de este tipo de inmuebles.
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