Los diputados Cecilia Vadillo Obregón y Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra presentaron denuncias formales ante la Contraloría General de la Ciudad de México y la Contraloría Interna del Congreso, por el presunto uso indebido de recursos públicos, conflicto de interés y promoción política anticipada a favor de la diputada Laura Álvarez Soto, esposa del alcalde Mauricio Tabe.
La diputada Cecilia Vadillo explicó que las denuncias buscan la investigación, sanción e inhabilitación de Mauricio Tabe y Laura Álvarez por violaciones al Título Cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Vadillo detalló que la Alcaldía desplegó una campaña de gran escala para promover el informe de la diputada Álvarez, con: Miles de lonas, pósters y mantas colocadas en toda la demarcación, Mensajes SMS enviados masivamente y que bloquearon la pantalla de los vecinos durante más de 15 días, Llamadas automatizadas promoviendo su informe, Notas pagadas en medios de comunicación.
Todo esto tiene un costo altísimo. No corresponde al presupuesto de una diputada ni a sus ingresos declarados. Aquí hubo uso indebido de recursos públicos y un beneficio directo a la esposa del alcalde.”
El diputado Víctor Romo señaló que se detectó un esquema organizado de propaganda para posicionar la candidatura de Laura Álvarez rumbo a la Alcaldía Miguel Hidalgo, utilizando recursos humanos, materiales, tecnológicos y sociales de la propia Administración.
Romo denunció que el gasto estimado de esta operación asciende a más de 3 millones de pesos, superando incluso el tope de campaña legal de 2.6 millones, lo que constituye un probable acto anticipado de campaña y un presunto delito electoral.
“No venimos a hacer ruido mediático. Venimos a denunciar un desvío de recursos públicos. Casi 4 mil lonas, SMS, llamadas automatizadas y notas pagadas en medios revelan una operación millonaria. Es nepotismo puro: la Alcaldía se usó para promover a la esposa del alcalde.”
Romo presentó pruebas de que el programa social Embajadores MH habría sido utilizado para colocar lonas y desplegar propaganda, con instrucciones directas a beneficiarios y exigencia de enviar evidencia fotográfica.
Finalmente los legisladores señalaron “Miguel Hidalgo no puede ser rehén del nepotismo y convertirse en un negocio familiar. La ley se respeta y las instituciones deben actuar.”
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